Como es preceptivo, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dictaminado sobre el Decreto para la regulación de los usos institucionales de las lenguas oficiales, impulsado por el conseller Vicent Marzá, determinando múltiples modificaciones esenciales para que el texto legal se ajuste a disposiciones de carácter superior.
El órgano consultivo valenciano aprecia que los documentos oficiales con efecto fuera del territorio valenciano deberán ser redactados en castellano, incluso si van dirigidos a comunidades del mismo ámbito lingüístico, porque así lo determina la ley vigente, desmontando el intento de unificación lingüística administrativa con Cataluña y Baleares.
Por otra parte, el Consell Jurídic recomienda que se modifique el decreto para que los ciudadanos no estén obligados a declarar expresamente que la administración valenciana se dirija a ellos en una u otra lengua, sino que ésta deberá de ajustarse a la lengua en la que el solicitante realice sus comunicaciones. Así, si un ciudadano se dirige a la administración valenciana en una lengua, a partir de ese momento todas las comunicaciones deben ser en esa lengua, y no por defecto en valenciano.
Otro aspecto fundamental se refiere a las licitaciones y contratos, en los que no se podrá obligar a utilizar una lengua u otra, en este caso el valenciano, porque deben ser los licitadores y contratistas los que elijan la lengua en la comunicarse con la administración valenciana. Tampoco en las intervenciones públicas de autoridades y directivos se podrá establecer que se hagan obligatoriamente en valenciano, pues estos cargos públicos como personas físicas tienen derecho a expresarse en la lengua que elijan.
Este dictamen ha contado con el voto particular de las más recientemente nombradas miembros del Consell, Asunción Ventura Franch y Margarita Soler Sánchez, con fundamentaciones jurídicas más cercanas a las tesis de la dirección de Política Lingüística que ha redactado el Decreto sobre el uso institucional de las lenguas.
Las recomendaciones del Consell Jurídic no son de obligado cumplimiento pero la no observación de las consideraciones esenciales propuestas por el mismo darían base a una impugnación ante los tribunales por parte de la oposición al gobierno valenciano.
