Vacío interior
Por Vicente J. Casanova
Rabia, Indignación, asco… y una extraña sensación de desprotección y vacío interior. Si la Justicia no nos hace sentir protegidos, no nos hace sentir que los que no siguen el camino correcto sufren las peores consecuencias, entonces cualquier otro lo hará por ella, y será mucho peor.
El concepto de Justicia surge en la época de Epicuro (340 a.C), en el momento en que los seres humanos establecen un pacto social para no hacerse daño mutuamente. Veinte siglos más tardes, Jean-Jaques Rousseau (1712) todavía debatía en su obra “El contrato social, o los principios del derecho político” sobre un acuerdo realizado en el interior de una comunidad en relación a los derechos y deberes de sus integrantes. En cualquier caso, y desde que el ser humano trata de vivir en sociedad, ese contrato social parte de la idea de que «todos los miembros de la sociedad están de acuerdo, por voluntad propia, en la existencia de unas normas morales, de una autoridad y de unas leyes a las que se somete para la protección común, y de forma inherente de una consecuencias en caso de incumplirlas». Las cláusulas de este contrato social las constituyen los derechos y los deberes de los individuos, y el Estado y la Política las entidades creadas para definir y hacer cumplir el contrato.
Hace unos días llegábamos a la hora de la sobremesa con una terrible y desesperanzadora noticia, una de esas que te deja mal cuerpo para el resto del día, de la semana, que te hace creer que este contrato social estará en peligro mientras se permita impunemente quedar dentro del mismo, y con los mismos derechos, a quienes lo acatan y obedecen, y a quienes no sienten el más mínimo respeto por él, por la vida ajena, por la dignidad, por la convivencia o por la Sociedad en la que vivimos; estará en peligro mientras esos que lo ponen en riesgo con su egoísmo e insolidaridad social no salgan bien escarmentados de su intento de hacerlo.
Hace casi dos años cinco depravados decidían con premeditación y alevosía convertir los Sanfermines en el infierno particular de una joven madrileña de 18 años. Con engaños, aprovechando su estado de embriaguez, la metieron de noche en un portal, agarrándola de las muñecas, aprovechando su evidente superioridad física y numérica. La forzaron, penetraron y sometieron a vejaciones, simultáneamente, mientras la grababan con sus móviles. La pobre víctima en estado de shock adopta —según los jueces— “una actitud de pasividad y sometimiento» que hace finalmente juzguen y sentencien el caso como abuso, y no como violación… lo que en la práctica hará que en un año y medio estos salvajes —»La Manada» se hacen llamar— puedan estar disfrutando de su tercer grado y vuelvan a casa, y a los Sanfermines, en busca de otra víctima inocente, mientras a esta pobre chica le han destrozado la vida.
Independientemente de que vivamos en el 340 a.C, o en el S.XXI, cuando alguien vive en una sociedad civilizada, firma tácitamente ese contrato social: un acuerdo de convivencia y equilibrio social que te habilita para vivir en esta Sociedad, gozar de unos derechos y aceptar sus obligaciones. Una de estas obligaciones es la de mantenerse en el lado correcto de la Ley. Es bien cierto que algunas leyes dan ganas de no cumplirlas, pero de no hacerlo —aún cuando todo grupo al que perteneces está de acuerdo en incumplirlas y a ti te parezca razón suficiente— pondría en peligro ese contrato social sobre el que toda nuestra realidad se edifica, en el que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, en el que todos nos mantenemos en un equilibrio social y ético; y por tanto ese incumplimiento debería ir acompañado de unas consecuencias tales que disuadan a cualquier otro de pensar en hacerlo de nuevo. En caso contrario corremos el riesgo de convertir nuestra sociedad en la Asociación del Rifle, con nuestro propio Charlton Heston a la cabeza.
Parece que la cuestión clave para analizar esta sentencia es la diferencia entre “intimidación” y “abuso de superioridad manifiesta”. Aunque parezca mentira, a efectos jurídicos la diferencia entre ambas no siempre es clara, ni siquiera para jueces y magistrados, y hay algunas situaciones que pueden ser confusas según los juristas. No olvidemos que nuestro sistema judicial trata de convertir en una medida lógica, proporcional y argumentada lo que habitualmente suele tener origen en los más abyectos, infectos, enfermos y desproporcionados instintos humanos, y eso no tiene fácil casamiento.
Aunque es la primera reacción natural y comprensible, desde mi punto de vista sería un error tratar de sacar rédito político, por activa o por pasiva, de un hecho tan repugnante sembrando la duda ante el modelo de sociedad que hemos creado, sembrando la desconfianza en nuestro estado de derecho, en nuestro sistema judicial, el que tiene por función decidir quién está dentro y quien fuera de ese contrato social, el que debe impartir justicia e imponer penas que hagan desistir del deseo de salirse de él. Algunos están deseando que esto ocurra, para alimentar sus ansias de poner esto patas arriba y alimentar el caos que nos venden cada día.
Es precisamente ese modelo de sociedad que hemos creado, ese estado de derecho, ese sistema judicial, el que tanto nos decepciona en algunos casos ―demasiados últimamente―, que tan pronto nos parece laxo con unos, como excesivamente duro con otros, ese contrato social, el que va a permitir que se interponga un recurso, una apelación a órganos judiciales superiores y exija por vías garantistas una interpretación de la ley más acorde a la realidad que vivimos, más acorde a ese sentimiento de vacío interior que ahora todos tenemos, una interpretación que nos permita andar tranquilos por la calle, sin pensar que de cualquier esquina puede salir un lunático que nos destroce la vida y lo único que se llevará a cambio será una benévola y tergiversada interpretación de la ley, sin posibilidad de réplica; o peor, que la única justicia válida en este país sea el ojo por ojo, diente por diente.
Y en este punto la clase política dirigente y aspirante de esta país tiene una gran responsabilidad, que le pasará factura si no tiene la habilidad de gestionar adecuadamente: hacer que esta Sociedad deje de sentir ese vacío interior, y vuelva a creer en ese contrato social, en esa Justicia, en ese estado de derecho, que proteja de manera clara a los buenos ciudadanos, a los que cumplimos las leyes, a los que hacemos que ese contrato social se mantenga en pié, de aquellos que nunca deberían haber formado parte de él.
