Viviendas del parque público de la Generalitat Valenciana que están ocupadas sin título desde hace años, podrán ser regularizadas estudiando caso por caso las circunstancias de cada familia.
La falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar a un aumento de ocupaciones ilegales consentidas en viviendas públicas, que al inicio de esta legislatura se cuantificaban en más de 500.
El actual Consell, decidido a poner en marcha una política de vivienda y de rescate de personas, determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales después de julio de 2015 al estar aplicando una política de vivienda social y de reforma del parque público que no había existido en las anteriores legislaturas. Los motivos de esta decisión son claros: vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda; impiden la rehabilitación del inmueble; y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros. Todo ello, sin olvidar el efecto llamada a incumplir la ley que la Administración autonómica no puede ni debe permitir.
Sin embargo, desde la Generalitat tampoco se puede seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar, ante la pasividad del Gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones.
Con el paso del tiempo, muchas de estas familias han mejorado las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se han integrado en las comunidades de vecinos, pero la falta de un título legal les impide normalizar su situación y les deja fuera del marco legal frente a la Generalitat.
Ante estas situaciones y dentro del Plan de Normalización impulsado por la Conselleria de Vivienda, el Consell ha considerado necesario crear mecanismos que ayuden a estudiar la regularización de estas situaciones.
Se tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos como cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; familias numerosas, con hijos mejores; víctimas de violencia de género, etc.
Entre los criterios subjetivos para regularizar su situación, deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) podrá recabar información de los servicios sociales municipales.
