La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ha entrado en vigor este jueves 5 de julio, un día después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que estas cuentas públicas con tintes naranjas por la exigencia de Ciudadanos en medidas como la subida de pensiones (3% las mínimas y viudedad), el incremento del salario de los funcionarios (hasta 8,79% en tres años), la ampliación a 5 semanas del permiso de paternidad y guarderías (1.000€/año), la bajada del IVA del cine al 10% (el resto cultural ya fue el año pasado), la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil, el complemento salarial para jóvenes y en especial, la bajada de IRPF a la clase media y trabajadora con importantes deducciones a las familias numerosas o con dependientes a su cargo, hacen que a partir de hoy, no sólo recuperen los españoles el enorme esfuerzo sufrido durante la crisis, sino que sienta un precedente para no volver a castigar a los de siempre.
Y es que el propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, afirmaba hoy que en España ante las más de 1.500 quejas que recibe su Oficina, evidencian “la excesiva carga fiscal que soporta los asalariados y las clases medias, existiendo un grave problema de defraudación”.
Es por ello, que ante las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la pretensión de este Gobierno “interino” socialista de subir los impuestos, hacen temblar todos los logros conseguidos hasta ahora por las exigencias de Ciudadanos en estos dos años.
Otras medidas que hoy ven la luz, son el aumento de 46 millones a la política de dependencia, ayudas a las víctimas de la talidomida, el crecimiento del 16,5% en infraestructuras, 7.044 millones de euros (+8,3%) para I+D+i, así como el destinado a la lucha contra la violencia de género (más de 200 millones €).
Quizás 2017 y 2018 sean los dos únicos y últimos presupuestos que en diez años han contenido bajadas de impuestos con aumento del gasto social, quizás sean los dos únicos que consiguieron cuadrar las cuentas, quizás sean los únicos en exigir acuerdos que beneficien a más de 13 millones de españoles antes de las próximas elecciones, quizás…, pero si hay algo seguro, es que Ciudadanos seguirá defendiendo a la clase media y trabajadora, otros quizás no.
El paso del tiempo nos indicará lo obvio, quizás lleguemos tarde.