La grave crisis que estamos viviendo en Cataluña no es más que la constatación que el modelo autonómico que surgió de la Constitución de 1978 está agotado. Ya lo estaba hace años, pero ahora parece que nos hemos dado cuenta de golpe.
Para avanzar hacia el futuro es fundamental saber hacia adónde queremos ir y asumir ciertas realidades. La primera es reconocer con claridad que el sistema actual está muerto. Y la segunda realidad es que los partidos nacionalistas (Compromís, PdCat, ERC, Mareas y confluencias varias), los antisistema (CUP), los partidos de ultraizquierda (Podemos) y los de ultraderecha (Vox y compañía) jamás serán parte de la solución porque por diferentes motivos forman parte del problema. Se les debe escuchar pero por desgracia poco más podemos esperar de ellos.
Nos quedan PP, PSOE y Ciudadanos, y con estos mimbres tenemos que decidir qué hacer con España. Es la cruda realidad. Y tienen que asumir su responsabilidad con sentido de Estado.
Hablando de mediación o negociación con los independentistas catalanes, la primera pregunta que nos debemos plantear es: ¿ESTAMOS A FAVOR DE RECONOCER EL SUPUESTO “DERECHO A DECIDIR” DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA?
En caso negativo no tiene absolutamente ningún sentido una negociación. Pero EN CASO AFIRMATIVO, hemos de tener claro que si lo reconocemos para Cataluña lo reconocemos implícitamente para el resto de las autonomías. ¿Aún así estamos dispuestos? Pues adelante, habría que reformar la Constitución y organizar un referéndum para cada territorio que lo deseara, pero con garantías absolutas, no como la pantomima catalana que nadie se ha creído.
Lo primero sería hacer una labor pedagógica e informar con claridad por parte del Estado a los ciudadanos acerca de las consecuencias de dejar España (abandono de la Unión Europea y del euro, deslocalización de empresas con sede en este territorio, etc.) para que la gente pudiera votar con absoluto conocimiento de las consecuencias reales. Lo segundo crear una Junta Electoral independiente. Lo tercero sería establecer una mayoría cualificada. Una decisión de este calado (abandonar España) debe contar con el voto afirmativo al menos del 50,1% de los votantes censados. Y la cuarta es legislar y dejar muy claro que si no gana el SÍ, no se pueda celebrar otro referéndum en, al menos, 20/25 años. No podemos estar votando cada seis meses hasta que salga lo que yo quiera.
EN CASO DE QUE NO ESTEMOS DISPUESTOS A RECONOCER EL SUPUESTO “DERECHO A DECIDIR” (o en cualquier caso): Debemos reformar profundamente el sistema autonómico. Lo primero sería reconocer ciertas competencias nacionales, como la Educación (que jamás debió ser transferida en su totalidad a las autonomías, sin duda el gran error de la transición), Sanidad y Justicia.
Es fundamental un sistema de financiación justo y claro para todos, sin privilegios especiales para ningún territorio, y sin posibilidades que el partido político de turno pueda premiar a una autonomía sobre otra por intereses electorales. Atender a los principios de solidaridad, pero también de proporcionalidad. Cada autonomía debe saber que si se quiere gastar 1000 millones en una televisión pública los tendrá que recortar de otra partida presupuestaria, la financiación debe ser limitada y no infinita. Eliminación del FLA y demás ayudas suplementarias a las autonomías, ya que cada una de ellas debe saber con qué fondos cuenta desde el principio a través de criterios objetivos y transparentes. Y no hay más. Si a pesar de los controles férreos sobre el gasto alguna autonomía se excede debería ser intervenida de forma automática por el Estado.
Nueva ley electoral, para que el voto de todos los españoles valga lo mismo, independientemente del lugar dónde se vote. Esto es algo absolutamente fundamental, que acabaría con la sobreponderación de los votos a los partidos nacionalistas. El ciudadano de a pie no comprende como los grandes partidos nacionales no se han puesto de acuerdo en una reforma tan obvia, necesaria y justa.
Simplificación y racionalización absoluta de la organización del Estado, estableciendo un catálogo cerrado de organismos nacionales y autonómicos, sin posibilidad por nadie de crear otros distintos o duplicar existentes, como ocurre en la actualidad, clausurando todos los organismos inútiles, que hay muchísimos, auténticos pesebres de elefantes políticos.
No es el objeto del presente artículo hacer una lista exhaustiva de las reformas necesarias, pero todas ellas deberían ir por este camino. Las autonomías son un concepto positivo, pero la perversión con que los políticos locales las han utilizado las hacen inviables e insostenibles en su formato actual.
Los grandes partidos nacionales deben comprender que estamos ante un momento histórico en nuestro país, y tenemos que exigirles que estén a la altura de las circunstancias.
El problema de Cataluña no es más que un síntoma de un país enfermo, el humo de un incendio. Además de disipar el humo con la Ley en la mano también hay que apagar el fuego, ya que si no lo hacemos el incendio se volverá a reproducir tarde o temprano.
No es momento de ambigüedades ni de conceptos difusos, es el momento de la claridad y de la unión. Y de la acción.
@Vicent_Raga
