Una de sus prioridades es hacer más transparente la contratación pública, y por eso quieren informarte de los importantes avances que están logrando en esa dirección. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, clave para evitar la corrupción en la contratación pública, sigue su trámite en el Congreso y, desde diciembre, trabajan con los principales partidos para introducir mejoras en ella. Los grupos ya han presentado sus enmiendas, y buena parte de ellas recogen las recomendaciones de Civio, en muchos casos de forma literal. Eso significa que la práctica totalidad de sus medidas se han convertido en enmiendas y se debatirán en el Congreso, una gran victoria que quieren compartir contigo.
Sus medidas se centran en dos ámbitos de la norma: la transparencia de todo el proceso de un contrato, desde los estudios previos hasta la ejecución final; y la creación de un sistema de control independiente y fiable que detecte irregularidades. Con las enmiendas de todos los grupos ya presentadas, podemos hablar de los primeros resultados de este proceso: prácticamente todas han pasado a formar parte del listado de enmiendas. De hecho, Podemos y Ciudadanos han incluido la gran mayoría de ellas; y el PSOE, mas de la mitad. El PP, por su parte, ha ninguneado sus recomendaciones.
Aquí puedes leer un repaso amplio en el que desglosamos el impacto de sus medidas en las enmiendas que han presentado los grupos. Desde qué documentos deberían ser públicos en cualquier expediente de contratación a la publicidad del registro de UTE (uniones temporales de empresas, uno de los agujeros negros de detectamos en ¿Quién cobra la obra?), los registros de licitadores y de contratos o la publicidad de los contratos que firman los partidos políticos.
A vueltas con el organismo independiente de control
El regulador es uno de los puntos más importantes. El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone otorgar la fiscalización de la contratación a un ente dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública y sin medios para llevarla a cabo. En Civio llevan tiempo proponiendo la creación de un organismo de control, especializado, independiente y con medios suficientes, que analice de forma global y metódica los contratos públicos. La propuesta daba dos opciones: un organismo independiente creado a este efecto (solución óptima) o una sección dentro de la CNMC (solución positiva, pero solo si se aseguran ciertas condiciones).
Así se lo trasladaron a los partidos. Podemos recoge la primera opción y propone crear la Oficina de Supervisión de la Contratación del Sector Público con las funciones, composición e independencia incluidas en sus recomendaciones. Ciudadanos opta por traspasar esas funciones a la CNMC, un paso muy importante, pero centra dichas funciones en garantizar la competencia empresarial, y apenas en la transparencia hacia el ciudadano y el control sistemático para evitar la corrupción. Un enfoque que ya tratamos de cambiar.
