El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha apreciado el recurso de la DDC, Asociación para la Defensa del Castellano, y ha vuelto a paralizar cautelarmente la aplicación del decreto de plurilingüísmo, por segunda vez, como ya hizo ante el recurso de la Diputación de Alicante.
La DDC presentó recurso por la vía de lo contencioso para paralizar la aplicación del decreto de plurilingüísmo porque lo consideraba discriminatorio hacia los castellano hablantes y porque la rectificación que debería aumentar en dos horas y media a la semana las clases de inglés para los niveles que tienen como lengua vehicular el castellano, son en realidad de libre disposición en cada centro y por lo tanto se trataba de una rectificación «trampa». Y el TSJ de la Comunitat Valenciana le ha dado la razón.
Quizá la novedad más importante respecto a la paralización que ya promulgó este mismo tribunal a instancias de la Diputación de Alicante, es que DDC se ha comprometido a denunciar a todos los centros educativos que a partir de septiembre apliquen el decreto de plurilingüísmo desoyendo las indicaciones del máximo tribunal valenciano.
Así, a la vuelta de unos meses, muchos directores y/o equipos directivos de centros educativos, por lo general públicos, podrían encontrarse en graves dificultades legales si persisten en su actitud de desoir al tribunal y aplicar el decreto, unas acciones que podrían llevar a su inhabilitación como cargos directivos e incluso como funcionarios públicos.
La principal crítica del conseller Vincent Marzá y el resto de representantes del Consell así como de los partidos que sustentan el gobierno valenciano a la primera paralización cautelar era que había sido promovida por una institución pública sin competencias en la materia, la Diputación de Alicante. Con esta segunda paralización, instada por una entidad de derecho privado, dichas críticas se han visto claramente superadas.
En sus redes sociales, DDC ha manifestado que «nosotros no buscamos ninguna ‘guerra’ como afirma el Sr. Puig. Tan solo pedimos, y es mucho, que se cumpla la ley y nuestros hij@s puedan estudiar en su lengua materna, el castellano, a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana«.
