Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la ex cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que presentó beneficios contables el último año para que pudiesen ser aprobadas indemnizaciones millonarias y pensiones vitalicias para sus directivos.
A Roberto López Abad, ex director general, la fiscalía pide siete años y medio de cárcel por estafa, falsedad documental y apropiación indebida, lo mismo que para su sucesora, María Dolores Amorós, que se auto concedió una pensión vitalicia de 350 mil euros.
Una vez se descubrió la fallida, la CAM fue comprada por el Banco de Sabadell por un euro, con un coste final para las finanzas del estado que se calcula será de 11 mil millones de euros. Esta cantidad supondría el tercer mayor rescate bancario, después de Bankia y Caixa Cataluña.
La fiscalía no considera responsable de este agujero financiero a Modesto Crespo, ex presidente de la entidad, para el que el fondo de garantía de depósitos como acusación particular pide nueve años de cárcel. Curiosamente, Modesto Crespo en el primer día del juicio afirmó que no sabía de números y en el segundo que no conocía el estado financiero y que no asistió a la reunión por la que le preguntaban porque se dedicó a «acompañar a las señoras a outlets de bolsos y zapatos«.
En el juicio, cerca de un millar de afectados reclaman 20 millones perdidos en inversiones en la CAM, mientras que el intento de los acusados por excluir a los que compraron cuotas participativas ha sido rechazado por el tribunal.
La CAM falsea las cuentas y la exdirectora se autoconcede una pensión de 370000€.¿Conclusión? Rescate con 11.000 millones de dinero de todos pic.twitter.com/4wyp4OFZuq
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 30 de mayo de 2017
