Llevamos mucho tiempo viendo detenciones de políticos, pagos de sobornos y comisiones, casos de corrupción que se extienden por todo el país y que parecen formar parte habitual de nuestro panorama social, actitudes que hemos llegado a normalizar y que se transforman en la típica frase del votante hooligan “Seguro que los otros van a robar más”.
En principio la opinión pública se encuentra muy centrada en los políticos y llegamos a pensar que el principal problema son los políticos, pero los políticos son como los yonkis, son los que consumen la droga, pero ¿quién vende la droga?
Detrás de todo este pudridero hay empresas, grandes empresas, grandes contratos y grandes “empresarios/hombres de negocios” que están sobornando a los políticos y que de momento muchos de ellos siguen contratando con la administración con normalidad.
Las empresas que han pagado alguna comisión deberían ser inhabilitadas, ellas como tal y sus administradores a NO poder realizar ningún trabajo para la administración pública, además de las responsabilidades judiciales que se deriven de las investigaciones. Sería la única manera de que nadie se preste al trapicheo, ya que no solamente las empresas, si no que sus administradores, ya aplicarían las medidas necesarias para que se realicen las contrataciones con pulcritud. En la Comunitat Valenciana pudimos ver como la antigua Lubasa tras algunas sentencias, se reconvertía en Becsa y seguía operando con total normalidad.
No olvidemos que el 3% de Cataluña lo pagaban empresas y pseudo empresarios, con un pacto total de silencio, ya que todos sacaban su tajada, las empresas tenían acceso a contratos con grandes márgenes de beneficio (había que sacar dinero en sobres) y los políticos tenían acceso a su corrupción en B.
Tampoco olvidemos que la financiación ilegal del PP (reconocida judicialmente) la pagaban grandes compañías a cambio de contratos. Al igual que en la Comunitat Valenciana donde en los años de la corrupción institucionalizada, todos éramos testigos del reparto de contratos entre las empresas amigas y entre algunos empresarios con la “poya insaciable”.
Estas tramas tienen su ramificación en las EMPRESAS PUBLICAS, esos entes creados para que los Políticos puedan jugar a empresarios, las empresas públicas son uno de los grandes agujeros negros de nuestra sociedad, al cual no le estamos poniendo solución. Las empresas las deben gestionar los empresarios y los políticos se deben dedicar a la política, los políticos se deben de encargar de implementar las políticas que marquen la dirección de marcha, así como vigilar que el dinero público se gestiona de la mejor manera posible y con honestidad.
La administración pública tiene unos mecanismos de vigilancia y control que a veces pueden ser tediosos para realizar contrataciones o tramitaciones, ante esta situación nuestros genios políticos se inventan las empresas públicas (empresas que se nutren de dinero público, pero que no se rigen por las mismas normas que la administración pública). Algunos ejemplos;
- Ciegsa, que generó alguno de los titulares como; “El PP y las constructoras se repartieron los 1.000 millones de € de sobrecostes de los colegios públicos valencianos”
- Feria Valencia, “Los excesos de Feria Valencia: 1.000 millones en su reforma, 22 en viajes y 1,8 en dietas del consejo”
Y podríamos seguir, pero el articulo sería demasiado extenso.
Bueno, pues el resultado de toda la corrupción que tenemos en España, aparte de que tenemos a algunos políticos y empresarios en la cárcel, la mayoría de las empresas que han participado y participan de la corrupción, SIGUEN OPERANDO CON NORMALIDAD Y SIGUEN CONTRATANDO CON LA ADMINISTRACIÓN.
