El Ayuntamiento de Loriguilla, municipio con unos 2.000 habitantes y con un presupuesto anual de dos millones de euros, arrastra una deuda de 14.450.000 euros derivada de la gestión que el anterior gobierno del Partido Popular realizó de la empresa pública Lorisum, dedicada a la promoción inmobiliaria.
A cualquier ciudadano después de esta breve introducción nos puede surgir algunas preguntas…
¿Una empresa pública en Loriguilla de promoción inmobiliaria?
¿Por qué es necesaria la existen las empresas públicas?
¿Cómo existe la posibilidad de que los políticos jueguen a empresarios?
Hasta la fecha, nadie ha sabido explicarme con coherencia la necesidad de las empresas públicas. Actualmente, un político es una persona que no necesita contrastar su capacidad o sus cualidades, lo único que necesita para acceder a un cargo es ser ratificado por el voto de los ciudadanos o por las estructuras internas de los propios partidos.
Mi opinión particular es que las empresas las deben gestionar los empresarios y estos deben tener una responsabilidad por su gestión, los políticos se deben dedicar a la política, los políticos se deben de encargar de implementar las políticas que marquen la dirección de marcha, así como vigilar que el dinero público se gestiona de la mejor manera posible y con total pulcritud.
La administración pública tiene unos mecanismos de vigilancia y control que a veces pueden ser tediosos para realizar contrataciones o tramitaciones, ante esta situación algunos políticos precursores de la institucionalización de la corrupción se inventaron las empresas públicas, empresas que se nutren de dinero público, pero que no se rigen por las mismas normas que la administración del estado, empresas que acaban convirtiéndose en chiringuitos para la corrupción y a las pruebas me remito, solamente en nuestra comunitat, Ciegsa, Emarsa, Feria Valencia, Canal Nou, Ciudad de la Luz, Palau de la Música, Imelsa, Terra mítica, etc, etc, etc…
La solución no parece muy compleja, aunque difícil de implementar, ya que muchos aspiran a jugar al juego del desvió de fondos públicos y a la colocación de amigos para generar su particular red Clientelista. Si hay empresas públicas que dan servicios los cuales consideramos que se deben de dar por el estado, deberían de integrarse dentro de lo que es la función pública, con gestores que accedan por oposición, si estos servicios pueden ser externalizados es tan fácil (o tan difícil) como sacar un concurso público, concurso abierto, con unas condiciones claras y con una buena fiscalización, para que opten las empresas privadas a dar estos servicios, pero seguir con las empresas públicas es continuar dotando a los políticos de herramientas de corrupción.
Lo más indignante es que en lugar de solucionar esta situación, la tendencia actual es empeorarla, el Gobierno permitirá que las empresas públicas tengan mayor libertad para contratar y modificar sus contratos, según consta en el proyecto de ley de contratación pública. La norma les dará así más flexibilidad. Pero, según los expertos, supone una vía de escape para la Administración, que puede acabar creando más entes con tal de librarse del corsé regulatorio.
