Aprovechando el excelente resumen de Eva Belmonte vamos a analizar los cambios que el nuevo real decreto incorpora para solucionar el conflicto en la estiba portuaria, después de que el primero fuese tumbado por el Congreso al no encontrar el gobierno de Mariano Rajoy apoyos suficientes.
Son tres los cambios principales del nuevo Decreto Ley respecto al anterior. En primer lugar, desaparece la obligación del título de FP para ejercer la profesión de estibador, que se sustituye por “prácticas profesionales no laborales en instalaciones portuarias”, que se desarrollarán en reglamentos posteriores y por lo tanto sin pasar por el Congreso.
La segunda diferencia se refiere a las cotizaciones a la Seguridad Social por contratos de duración inferior a los siete días, que dejarán de estar bonificadas, mientras que la tercera y más esperada afecta a la parte troncal de este conflicto, el futuro de los actuales trabajadores de las sociedades de la estiba, que el nuevo decreto también deja para un desarrollo posterior mediante una norma de rango inferior y sin convalidación por el Congreso.
Un texto que todavía no es público y que como es lógico ha despertado las suspicacias de los sindicatos del sector portuario. Según la propuesta del mediador, Marcos Peña, que el gobierno pretende incorporar, la medidas laborales liberalizadoras serían las siguientes:
- Reducción de un 10% del salario para los trabajadores incluidos en el convenio colectivo estatal que cobren más del 5% de tres veces el SMI.
- Prejubilaciones los que estén a 60 meses o menos de la edad de jubilación, que hasta que se jubilen recibirían un 70% del salario medio de los seis meses anteriores a la baja voluntaria.
- Transcurridos seis meses desde el inicio del proceso, las ETT podrán entrar a competir por los trabajos de estiba y al cabo de tres años las sociedades de la estiba dejarán de contar con cualquier tipo de ventaja, lo que seguramente las condena a su desaparición.
Como la nueva norma no cumple con la principal demanda de los estibadores, garantizar el empleo de los actuales trabajadores, estos se sienten una vez más estafados y han convocado ocho días de huelga en jornadas alternas, según el preaviso presentado el pasado 13 de mayo, y que comenzarían a partir del día 24 de este mismo mes.
A criterio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, con estas jornadas de lucha pretenden que «el gobierno cumpla su palabra, ejerza su responsabilidad y se siente de manera directa a negociar para alcanzar un acuerdo que permita que se acate la sentencia sin despidos«, y en caso contrario hacen responsable al Ministerio de Fomento.
También han aprovechado para hacer un llamamiento a todos los sectores sociales para que compartan su lucha por unas condiciones de trabajo dignas, contra un proyecto político especulador, destructor de empleo y autoritario, que solo va en beneficio de las grandes corporaciones internacionales. Por su parte, fuentes del gobierno de Mariano Rajoy confían en poder sacar adelante el nuevo decreto ley en el Congreso este próximo jueves 18 de mayo.
