Manuel Moix, nombrado fiscal Anticorrupción el pasado mes de febrero, trató de parar las detenciones y registros de la operación Lezo, que afecta a Ignacio González.
Varios medios desvelan que Moix dio la orden al fiscal que lleva la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, primero verbal y luego por escrito, de paralizar los registros y las detenciones del ex presidente de la Comunidad de Madrid, entre otros altos cargos del Partido Popular en Madrid. El fiscal que lleva el casó apeló al artículo 27 del estatuto de la Fiscalía que permite someter a la Junta de fiscales una orden de un superior, y Moix perdió la votación por 22 votos de 24.
El nombramiento de Manuel Moix, que pasó de ser de la fiscalía en Madrid a Anticorrupción, estuvo rodeado de polémica desde el principio. Varias asociaciones de fiscales avisaron de su afinidad política al saberse de su nombramiento. Se da la casualidad de que en la escuchas a Ignacio González, todavía detenido, nombra a Moix como su favorito para ocuparse de la fiscalía Anticorrupción, y por lo tanto para actuar contra él con especial benevolencia.
Manuel Moix fue también el fiscal en varias causas polémicas que se resolvieron siempre a favor del Partido Popular. No quiso procesar a Esperanza Aguirre por su incidente con los agentes de movilidad, instruyó la denuncia contra el juez Elpidio Silva por haber encarcelado a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, ahora imputado y condenado en varios casos de corrupción, y no quiso retirar el pasaporte ni fijar fianza tras la detención de Rodrigo Rato.
El escándalo salpica también al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que conociendo el aviso de la asociación de fiscales y que el nombre de Manuel Moix aparecía en el sumario de la operación Lezo, insistió en su nombramiento. El asunto se ha complicado todavía más al sospecharse que Ignacio González sabía que iban a detenerlo, por una conversación telefónica grabada según la cual un miembro del Gobierno, sin identificar, le habría avisado.
Las reacciones en la oposición no se han hecho esperar, exigiendo explicaciones al ejecutivo. Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, ha declarado que «ha habido hasta tres intentos de sabotaje para frenar las investigaciones de corrupción del Partido Popular. El edificio de Génova, sede del PP, tiene aluminosis por corrupción y filtraron a Ignacio González que se le habái intervenido el teléfono«. Los socialistas han registrado la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Parlamento.
En similares términos se han expresado Podemos y Ciudadanos. Albert Rivera también se ha apresurado a pedir «la comparecencia del ministro de Justicia ante las sospechas de control de los fiscales y el supuesto chivatazo a Ignacio González». Las redes sociales se han llenado de imágenes en las que se ve a Moix y González en claras situaciones de complicidad.
