Por resolución del Banco de España según acaba de publicar el B.O.E. la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana ha sido sancionada con una multa de 130 mil euros que se unen a las multas directas a su ex presidente, su ex director general y casi todos sus ex consejeros hasta sumar un importe de más de un millón trescientos mil euros.
Desde 2014 venía el Banco de España instruyendo este procedimiento por incumplir los requerimientos de recursos propios por debajo del 80 por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses. La resolución definitiva sale después de que en octubre saliesen a la luz los problemas financieros de la SGR, que tuvo que ser rescatada a finales de 2016 a través del FLA por un importe de 200 millones de euros y a principios de 2017 consiguiese por parte de las entidades financieras acreedoras un plan de reestructuración de su deuda.
La SGR de la Comunitat Valenciana fue fundada en 1981 para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas empresas y autónomos y mejorar sus condiciones de financiación, constituida por pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana. Es una entidad sin ánimo de lucro y está sujeta a la supervisión e inspección del Banco de España. Desde julio de 2016 se hizo cargo de la dirección general de la entidad Cristina Alemany, que junto al director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illuecas, han diseñado la salida financiera para una SGR que estuvo a punto de ser liquidada.
Las multas a los consejeros van desde los 60 mil euros impuestos a los anteriores presidente y director general y los 10 mil euros a los consejeros menos relevantes o que permanecieron en el consejo durante menos tiempo, hasta un total de 32 personas.