A pesar de que, obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez no cuenta con mi apoyo, sí con mi respeto institucional, lo prefiero al de Mariano Rajoy, del que se salvaban muy pocos ministros, entre los cuales no se encontraba el gallego. Por ello, en consonancia con la tendencia general, voy a hacerle mi petición particular.
No pido para mí, no me falta de nada básico salvo mis padres, pero eso no está en manos del nuevo presidente socialista solucionarlo, ni en manos de nadie. Pido por todos que determinados casos judiciales dejen de eternizarse escandalosamente, como si se congelasen en el tiempo. Hay división de poderes, sí, pero en manos de los nuevos ministros Grande-Marlaska y Delgado está poner los medios y recursos necesarios para que la extrema longitud temporal de algunos juicios deje de pintarnos la cara a todos los españoles.
Especialmente deben dirigirse los esfuerzos para agilizar la justicia española a aquellos casos que llevan aparejada violencia y/o corrupción en relación con la política. A tres de ellos me voy a referir, como habréis podido deducir por el título, Blanquernos, urdangarines y pujoles.
Es incomprensible que un caso de 2013 tan relativamente simple como es el de Blanquerna, del que existen testimonios gráficos que todos hemos visto y que no dejan lugar a dudas de la gravedad de los delitos, todavía no disponga de sentencia firme. Cuando en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional en última instancia suspendió la entrada en prisión de los condenados, se dijo que la sentencia final sería «dictada a la mayor brevedad posible», y ya han pasado casi cinco meses.
A mí que tribunales europeos u organismos internacionales emitan dictámentes sobre la persecución en España de determinados delitos como quemar la bandera o injuriar al rey que no son de aplicación general en otros ordenamientos jurídicos, me la trae al pairo, son simples anécdotas. Que no lo hagan, que no les hace ninguna falta, y no tendrán que ser perseguidos. Sin embargo, estos otros casos, por ejemplo el de Urdangarín que abordaré a continuación, hacen perder mucha credibilidad a la justicia española.
Urdangarín, otro que tal, viviendo en Suiza como un príncipe mientras otros políticos como Zaplana o Junqueras, muy justamente, están en prisión preventiva. Se dijo que para febrero, luego que para mayo o junio, sin que por el momento se dicte la sentencia definitiva que dé con los huesos del cónyuge aprovechado de la infanta en la cárcel. En marzo se decía que se estaba preparando para ir a prisión, pues se le debe estar arrugando la ropa que metió en la maleta porque ya han pasado meses.
Terminaré con el caso Pujol, que a pesar de encontrarse todavía en fase de instrucción, lo considero junto a Gurtel y ERE’s los tres casos clave de la corrupción en España. Que las investigaciones avancen y se establezcan firmes medidas cautelares es fundamental para acabar desentrañando toda la trama. Porque ya lo dijo Jordi, si se van cortando las ramas al final caerá todo el árbol, y eso es precisamente lo que queremos, que caiga todo el árbol o lo arranquen de raíz.
Con Jordi Pujol me pasa lo mismo que con Rita Barberá, sus indiscutibles aciertos en la gestión publica se han visto ensombrecidos por la corrupción en la que estuvieron metidos hasta las cejas, convertirdos en personajes deleznables de la política contemporánea. Si ya lo dijo Tarradellas…
Tres casos, los de Blanquerna, Urdangarín y Pujol, que si se resolviesen contribuirían a la tan cacareada normalización, que es casi la única seña de identidad de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que prácticamente carece de mayor profundidad política y menos aún capacidad para llevarla a cabo.
