En numerosas ocasiones, en coloquios con amigos, en el bar, en el trabajo (antes del confinamiento por coronavirus, claro), hemos oído la expresión del refranero español “no se puede sorber y soplar al mismo tiempo”, e incluso, en los debates políticos, qué líder no ha utilizado alguno de estos refranes, esta paremia tradicional de origen y uso popular que entraña la sabiduría de un país, ese bagaje cultural.
Y es que en tiempos del COVID_19, ese virus que destapa todo ese “laissez faire” improvisado y descoordinado de un Gobierno de España fruto de la unión de Pedro y Pablo (unos duermen más que otros), existe una corriente dominante, una disfunción que refleja perfectamente la incompatibilidad que desdeña el refranero español, venciendo por goleada el populismo fiscal, ese que predica condonaciones de impuestos y barra libre de gasto público, porque el objetivo es llegar a la pobreza más absoluta (“el cuanto peor mejor”) y declarar el sistema económico y social de nuestra democracia en bancarrota, para así tener relato en su intervención indiscriminada, anulando lo privado y haciendo lo público, como único y necesario. Bienvenidos al comunismo.
En esta lamentable disyuntiva (Pedro y Pablo, Pablo y Pedro), mientras se plantean cómo se pueden captar más votos, si con “rentas mínimas”, “ingresos mínimos puente” (nadie duda de la emergencia social de los más vulnerables), o la “renta básica universal”, los más de 8.000 municipios de nuestra querida patria se han sumido en una guerra enfermiza y populista por ver quién es capaz de ofrecer mayores bajadas de impuestos (e incluso supresión de éstos) y aumento de gasto público.
Sin embargo, para anular, retrasar o modificar la retroactividad (la jurisprudencia lo impide) de la aplicación de las ordenanzas municipales que inciden en la fiscalidad municipal (impuestos como el IBI, IAE, IVTM, Tasas de basura, vados…), requiere ajustarse, entre otros, a los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, en definitiva, al principio de legalidad recogido en los artículos 31 y 133 de nuestra Carta Magna (impiden que los entes locales establezcan tributos o beneficios fiscales).
Es decir, ni se puede producir efectos retroactivos sobre impuestos que ya se devengaron el pasado 1 de enero (muchos de ellos al inicio del ejercicio), ni se debieran condonar o perdonar el pago de impuestos que se hayan recaudado a los trabajadores, o repercutido a los consumidores, otra cosa muy distinta, es posponer su presentación formal (reivindicación justa de pymes y autónomos) e incluso, la necesaria moratoria o aplazamiento (sin intereses) en el tiempo por la falta de liquidez de las empresas, provocado por la pérdida sobrevenida de ingresos o el cierre físico por el confinamiento ordenado por Real Decreto Ley del Gobierno.
Siempre se ha defendido desde Ciudadanos el impulso en la reducción de gasto superfluo, como vector generador de recursos públicos para el estado del bienestar, sin embargo, esto requiere tiempo y voluntad, ambas premisas escasearon con el bipartidismo y ahora, nos apremia la liquidez para financiar los gastos sanitarios, tan necesarios para salvar vidas y cómo no, planificar unos Pactos de la Reconstrucción, de forma leal y consensuada, como propone Inés Arrimadas, para salvar empleos, al objeto de planificar, sin ocurrencias ni globos sonda a golpe de rueda de prensa, la salida de esta crisis social, económica y humana.
Por tanto, no se obstinen desde la política en “sorber y soplar al mismo tiempo”, no se enarbolen en alzar la bandera de la condonación o rebaja de impuestos, en las exenciones y bonificaciones fiscales, mientras otorgan oxígeno al necesario gasto sanitario para salvar vidas, y al económico y social para sostener nuestro estado del bienestar, y especialmente, al sector económico, pues es éste, el que sustenta el empleo, la creación de riqueza y en definitiva, la obtención de recursos para poder dar vida y empleo.
No se puede sorber y soplar fiscalmente, son tiempos de COVID19, seamos sensatos, abandonen el populismo fiscal, cuadren sus presupuestos y si encuentran recursos, utilicen mecanismos consensuados y de eficacia evaluable a través de ayudas y subvenciones para salvar vidas y empleos, son servidores públicos, no lo olviden.
Y recuerden, el mejor gasto social es aquel que se puede pagar.
