Regina Violant, la perversa contratación pública

Más que hartos de promesas y retrasos están los padres del AMPA Regina Violant de Almassora tras 11 años en barracones, después de que el último plazo que les dio la Conselleria de Educación, a la vuelta de las vacaciones de Navidad de 2017, haya vuelto a ser incumplido, y con muy malas perspectivas.

Que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular tardase lo indecente en licitar la construcción del colegio no exime a los actuales gestores del PSPV y Compromís, que con este conflicto quisieron marcarse un tanto y se han acabado metiendo en un campo de espino. Justo antes de las elecciones de 2015 se licitó el nuevo colegio por casi 7 millones de euros, pero los nuevos gobernantes adjudicaron el proyecto a la empresa Torrescamara con una baja económica de casi 1,8 millones, lo que sin duda redundaba en un beneficio de para la Administración.

A la hora de la verdad, la empresa adjudicataria ha paralizado la obra y solicitado una ampliación del proyecto, lo que se conoce como ‘modificado de obra’, primero por 800 mil euros y luego por 1,2 millones, que la Conselleria en la figura de su titular, Vicent Marzà, no está dispuesto a aceptar en absoluto. El propósito del gobierno valenciano es que Torrescámara abandone la ejecución de la obra en vez de mantenerla paralizada, sin que se atisbe un principio de acuerdo a pesar de ultimátums y amenazas.

En una comparecencia judicial hace unos meses, el presidente de Torrescamara, Juan Francisco Cámara, a propósito de los modificados de obras producidos en las contrataciones de la empresa pública Ciegsa, afirmó que los modificados de obra correspondían a cuestiones técnicas normales, y que en los 30 colegios que llevaba construidos su empresa, los precios entraban dentro del ámbito establecido por metro cuadrado. Y de la teoría a la práctica, aplicando el argumento testifical al modificado de obra del Regina Violant de Almassora.

Los padres, cargados de razón, anuncian movilizaciones, hartos de que políticos de uno y otro signo les tomen el pelo mientras sus hijos siguen en condiciones precarias junto a un colegio a medio construir. El asunto no parece tener una solución fácil ni inmediata, la empresa para abandonar legalmente la ejecución de la obra exige una indemnización, que la Conselleria no está dispuesta a pagar, como tampoco el modificado de obra.

Incluso si Torrescamara accediese a un abandono inmediato y sin coste para el erario público, el proceso de nueva licitación y adjudicación, junto a la reanudación de las obras con otra constructora, no llevaría menos de dos años, aproximadamente.

Que el espinoso asunto, con muchos millones de euros de dinero público y la educación de más de 600 niños valencianos en juego, esté en manos de un maestro de 34 años cuya experiencia en la administración de presupuestos y proyectos económicos se reduce a los pocos euros que recaudaba en cada clase de primaria para comprar material u organizar una excursión escolar, resulta bastante poco tranquilizador. Que la oposición del Partido Popular parezca adelantarse a los acontecimientos con la intención de desgastar al rival político más que solucionar el problema, tampoco.