Reforma de la Fiscalía, asignatura pendiente del bipartidismo

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La Constitución española atribuye al Ministerio Fiscal la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…, así como velar por la independencia de los Tribunales (Art. 124 CE). Mientras los jueces tienen como principio rector la independencia, los fiscales se rigen por el de dependencia jerárquica, de tal forma que han de seguir las directrices que marquen sus superiores. En la cúspide de la estructura de la Fiscalía se halla el Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno. Los recientes casos de presuntas injerencias del Gobierno en la actuación de la Fiscalía, especialmente en los casos de corrupción, han agudizado la quiebra de confianza de los españoles en la necesaria independencia del sistema judicial.

En este contexto Ciudadanos presentó en el Congreso una proposición de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo fundamental de que ejerza sus funciones solo sometido al imperio de ley y en ningún caso al poder político, dotándolo de independencia orgánica, funcional y presupuestaria.

Con ese objetivo, se propuso que el candidato que presente el Gobierno -actualmente nombrado y cesado directamente por él- deba ser ratificado por una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso; Ciudadanos propuso también aumentar el mandato del Fiscal General de cuatro a seis años para que no vaya parejo al tiempo de una legislatura. El Ministerio Fiscal tampoco tiene autonomía financiera por lo que se estableció que disponga de una partida propia en los Presupuestos Generales del Estado. Y para matizar el principio jerárquico, se contempló limitar las órdenes de los Fiscales Jefes a instrucciones de carácter general y, sólo excepcionalmente, respecto de casos concretos (en tal caso siempre por escrito), así como que los nombramientos para cargos dentro de la carrera fiscal que realiza el Gobierno fueran aprobados por mayoría cualificada del Consejo Fiscal.

El funcionamiento independiente de la Fiscalía es una de las prioridades de Ciudadanos en sus propuestas de regeneración democrática para combatir la corrupción. El rotundo rechazo a la misma por  parte de  PP, pese a estar contemplada tal modificación en el acuerdo de investidura, pone sobre la mesa la postura de cada cual frente a la grave lacra de la corrupción política y el grado de compromiso en el cumplimiento de lo que se pacta. El PSOE, con quien se llegó a pactar una reforma similar en su día, también la rechazó porque para este partido es “lógico” que quien dirige la política interior, el Gobierno, sea quien designe al Fiscal General, y es que es de una lógica aplastante anclar la Fiscalía al poder ejecutivo…

La existencia de dos grandes fuerzas políticas con representación parlamentaria ayudó en su momento a dar estabilidad a la incipiente democracia española. Actualmente ese “grueso” equilibrio de poder es un cepo del desarrollo democrático que bloquea una efectiva representación de la sociedad española al impedir que la soberanía nacional resida efectivamente en el pueblo español (Art.1.2CE) para pasar a residir en dos partidos políticos. El rodillo del bipartidismo seguirá impidiendo su propia demolición hasta que los españoles lo hagamos con el poder soberano de nuestro voto.

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