Los ‘culpables’ de la infrafinanciación valenciana

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Cuando en noviembre de 2009 el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) por la mínima, es decir, por 176 votos a favor, justo los que se necesitaban, la vicepresidenta socialista Elena Salgado se presentó ante los medios con una sonrisa de oreja a oreja afirmando que estaba “muy satisfecha aunque me hubiera gustado que el apoyo fuera mayor“.

Fue el último paso de un proceso que ha sumido a la Comunitat Valenciana en la infrafinanciación, favoreciendo a otras como la andaluza o la catalana, y condenando a la nuestra a no poder prestar los servicios públicos con la calidad que merecemos los valencianos. La ley orgánica salió a adelante con los votos del PSOE, ERC, ICV, Coalición Canaria, Nafarroa Bai y UPN. Del lado del no se situó el PP, BNG, CiU y UPyD, mientras que PNV e Izquierda Unida se abstuvieron.

Esta ley constituye, probablemente, el principal ‘logro’ del segundo y fallido gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no sólo dejó a España en la ruina sino que con ella prolongó los problemas financieros valencianos hasta que sea derogada. Para consumar la ruina administrativa de los valencianos, contó con la inestimable ayuda de los nacionalistas de izquierda y comunistas catalanes, que por eso aparecen en la imagen tête à tête.

Carmen Montón, actual consellera de Sanidad, votó a favor de la ley de financiación autonómica.

Catorce diputados socialistas, 14, teníamos los valencianos durante esa votación en el Congreso y los catorce votaron a favor. Con sólo uno, uno nada más, que se hubiese abstenido en vez de dar su voto favorable, la ley no habría salido y los valencianos muy probablemente no estaríamos en esta situación: María Teresa Fernández de la Vega, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Joan Calabuig, Ciprià Ciscar, Ferran Bono, Carmen Montón, Josep Antoni Santamaría, Bernat Sòria, Leire Pajín, Juana Serna, Carlos González Serna, Herick Campos, Jordi Sevilla y Antonia García Valls.

Ahora las llamadas fuerzas progresistas, es decir, socialistas, nacionalistas y podemitas con los sindicatos azuzándoles y el indispensable paraguas del presidente Ximo Puig, planean hacer una manifestación contra la pésima financiación valenciana en la que los culpables pretenden que sean España o el PP, por no haber querido reformarla, suponemos, por el ‘ofrenar’, o vete a saber.

Gerardo Camps

Uno de los que más se opuso a la aprobación de esta ley socialista que ha arruinado la Comunidad Valenciana, con la complicidad del derroche y la corrupción del PP, fue precisamente el vicepresidente del Consell en la época, Gerardo Camps, que durante los trabajos de la comisión ya avisó de que la ley tenía “gato encerrado” y por eso nuestra comunidad votó en contra del nuevo modelo de financiación autonómico. En otros aspectos su gestión no fue tan acertada, desde luego.

Por arte de la política, el de birlibirloque, los culpables, es decir, socialistas, nacionalistas de izquierdas y comunistas, tratan de aparecer ahora como salvadores y los que más se opusieron a la aprobación de la ley orgánica que consagró la infrafinanciación, los populares valencianos, pasan a ser los malos de la película. Junto al estado español, claro, que siempre va a tener la culpa de todo desde el punto de vista nacionalista, cuando en realidad a gobierno central lo mismo le da que los dineros se los lleve Valencia que Cataluña o Andalucía.

A Juan Carlos Moragues, del PP, probablemente uno de los políticos valencianos más honrados y mejor preparados, le ha caído la del pulpo por señalar verdades como puños, así que suponemos que nuestro propio destino cuando se difunda esta opinión no será muy diferente. En parte se lo merecen por el derroche y la corrupción de sus compañeros pero para mí la verdad va primero y la política detrás.

La solución es obvia, y no es montar el pollo sino un sistema federal con una caja común que establezca las partidas para la sanidad, la educación, la dependencia, como servicios básicos que se financien mediante asignaciones a las comunidades autónomas basados en criterios objetivos, y del resto que cada comunidad gestione sus impuestos para con ellos atender a sus particularidades. Y puede que no estemos tan lejos como parece, nos lo avanza Albert Rivera.

 

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