El pasado 23 de noviembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó en procedimiento de lectura única sin enmiendas (urgencia) y con el voto favorable del PP, PSOE y Podemos el llamado “Cuponazo” Vasco para el quinquenio 2017/2021.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó enmiendas a la totalidad por los graves defectos de forma (opacidad y excesiva complejidad) y fondo (la inconstitucionalidad de las normas por no respetar los artículos 14, 138. y 139.1 de nuestra carta magna, es decir, insolidaridad y desigualdad de trato, por razón de territorio), por cierto, rechazadas por todos los Grupos Parlamentarios.
Discutir el cálculo del cupo vasco no significa cuestionar el régimen de Concierto Económico, que tiene un anclaje constitucional en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución, ahora bien, lo que no establece de ningún modo la Carta Magna es una sobrefinanciación de las Administraciones Vascas, a costa de las demás Comunidades Autónomas, y en general, de los contribuyentes españoles residentes en los demás territorios del Estado.
La Comisión de Expertos para la reforma de la Financiación Autonómica de Régimen Común en su informe de julio de 2017 sobre este asunto concluía:
- “Las Comunidades de régimen foral gastan en 2016 un 30% más que las de régimen común”
- “La Comisión considera imprescindible una revisión del cálculo del cupo y del IVA cedido”.
- “Estas leyes deberían estar sujetas al procedimiento habitual de discusión y enmienda”
- “Por otra parte, resulta claramente inapropiada la aprobación de la actualización de este régimen de concierto económico, con prioridad absoluta respecto de la reforma de la financiación autonómica de quince Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
De acuerdo con los informes mensuales de recaudación de la Agencia Tributaria, año tras año, el país vasco es receptor de recursos, 353 millones € en 2015 y 388 en 2016, y es que no sólo no aporta a las arcas del Estado por las competencias no transferidas a su Comunidad Autónoma, sino que es insolidario con el Fondo de compensación interterritorial y el Fondo de Garantía para los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales).
Por último, este “Cuponazo” otorgará en los próximos cinco años 1.400 millones de euros adicionales en compensación con el cálculo del quinquenio anterior, suponiendo en términos netos que el resto de españoles les estaremos financiando con el doble de recursos, quizás por ello la hacienda vasca se plantea seguir con la reducción de impuestos y el aumento del gasto público, decisiones contrarias a las que el resto de comunidades nos tienen acostumbrados.
El Sr. Montoro dijo el pasado miércoles día 24 de enero, en la Comisión de Hacienda en el Congreso que las comunidades infra financiadas (como la valenciana) será preceptivo un mecanismo de reestructuración de la deuda … vaya, me da la impresión de estar viviendo ya una precampaña electoral, no entiendo cómo un Ministro prometa aquello que durante 6 años no ha sabido resolver, lo triste, es que el actual modelo de financiación autonómica lo diseñó el PSOE en 2009, tampoco ellos acertaron.
Es por ello que Ciudadanos en todas las Asambleas Legislativas de las CCAA que estamos representados presentaremos una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de éstas a que:
- Manifieste su rechazo a las consecuencias que para la solidaridad interterritorial y para la hacienda de nuestra Comunidad Autónoma tendrían la aprobación del cálculo del cupo vasco.
- Presente recurso de inconstitucionalidad por incurrir en una vulneración de los artículos 14, 138.2 y 139.1, que consagran el principio de igualdad entre todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en que residan y proscriben que las diferencias entre Comunidades Autónomas puedan suponer privilegios económicos o sociales.
- Exija al Gobierno de España que explique de forma urgente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera la infravaloración de las competencias estatales no transferidas.
No sólo es de justicia que los políticos respetemos nuestra Constitución y sus principios, sino de sentido común y ética democrática que defendamos reformas para el bienestar de todos, digo todos, nuestros compatriotas, independientemente donde residan.
No tiene sentido sentido comprar o relacionar un sistema como el concertado con el común. El sistema de régimen común está hecho un desastre y hay que reformarlo, pero eso independientemente de que se renueve o modifique el Concierto y se acuerde un nuevo cupo par el quinquenio próximo y se liquiden los cupos desde 2007. Es mezclar churras con merinas, son todas ovejas pero no todas iguales.
Es curioso que se insista en el ajuste de IVA pero no en el índice de imputación.
Agradecemos su comentario. En realidad, no se compara un régimen con el otro sino que se señala que mientras una comunidad autónoma sin problemas financieros acuciantes como la vasca se ha asegurado una buena financiación hasta 2021 y para conseguirlo tres grandes partidos han utilizado en el Congreso un procedimiento exprés, otras como la valenciana llevan esperando desde 2014 cuando venció el plazo y sigue posponiéndose indefinidamente la reforma de la financiación autonómica. No deja de resultar destacable tanta prisa en un caso y tanto desinterés en el otro, especialmente para los ciudadanos afectados.