La gente hubiese querido un 155 más duro

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Tanto que hablan algunos de ‘la gente’ luego resulta que no escuchan a la ciudadanía en lo que es un clamor: los independentistas se siguen riendo en la cara de los ministros del gobierno de España.

La aplicación light del artículo 155 sobre la autonomía catalana está produciendo más incertidumbres que beneficios, dando la sensación que controla más lo que pasa en Cataluña el propio Puigdemont que el gobierno de España. La justicia, a través del juez Llarena y otros destacados jueces y fiscales, está haciendo su labor, mientras Rajoy y sus ministros observan Cataluña desde la lejanía y la inoperancia.

Y, como es lógico, Ciudadanos se ha cansado de esperar ante las contradicciones del gobierno y sus ministros, que más que como socios de gobierno se destapan como enemigos. Nos hubiera gustado que la estrategia del gobierno contra el independentismo fuese más decidida, como en el caso de la delegación de voto de los fugados de la justicia Puigdemont y Comín, que se han obstinado en no impedir, como ha señalado Albert Rivera en sus declaraciones.

En el horizonte está una hipotética repetición de las elecciones autonómicas catalanas, a la que el Partido Popular le tiene terror después de sus pésimos resultados en las pasadas. Este cálculo electoral está detrás del inexplicable deseo de los populares, expresado por múltiples bocas, de que se forme un gobierno independentista cuanto antes. Así de duro y, en parte, de extravagante.

Aunque al final se deberá llegar a un acuerdo que contente a la mayoría de los catalanes, en estos momentos a Cataluña le conviene un gobierno constitucionalista que normalice la situación cuanto antes. Una situación similar se vivió en el País Vasco hace unos años, con el gobierno de Patxi López, que resultó balsámico y ha proporcionado una década de realidad y tranquilidad.

Lo que está claro es que cualquier gobierno independentista va a volver a vulnerar la ley, así lo han expresado públicamente cuando reiteran su deseo de ‘hacer república’, y seguir poniendo en riesgo el orden constitucional mientras el gobierno de Rajoy sigue con la venda en los ojos, como le ha caracterizado durante toda la legislatura.

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