Como se veía venir, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha apreciado el recurso de la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüísmo de la Conselleria de Educació, a cargo de Vicent Marzà.
Ante las quejas de asociaciones y ampas de la provincia de Alicante, como nos hicimos eco en este medio digital, y varias manifestaciones en la ciudad, la Diputación de esta provincia, gobernada por el Partido Popular interpuso recurso contra el decreto de plurilingüísmo por discriminar gravemente al alumnado en castellano y no respetar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià «al obviar las zonas de exención». La reacción a las indicaciones del Ministerio, que valoraba una de nuestras colaboradoras, no había sido considerada suficiente.
El máximo tribunal ha apreciado el carácter y la importancia de la institución, la Diputación de Alicante, que había presentado el recurso a la hora de valorar la medida cautelar, que impedirá que sea de aplicación a partir de septiembre, manteniéndose el sistema tradicional de dos líneas, en valenciano y castellano. Cerca de una docena de entidades entre las que se encuentran sindicatos y asociaciones de padres y de colegios concertados también habían planteado el recurso.
El secretario autonómico de Administració Pública, Ferran Puchades, ha mostrado desde el respeto a la decisión judicial, su disconformidad y perplejidad ante la resolución judicial del TSJCV por no manifestar los argumentos jurídicos que la sustentan, mientras que el síndic de Compromís, Fran Ferri, al valorar la medida cautelar ha señalado que el PP quiere escatimar a los alumnos la oportunidad de aprender inglés, valenciano y castellano.
A esta medida que paraliza la aplicación del decreto hasta que se produzca la sentencia, se podría unir otra que podría suspender la renovación de los conciertos educativos para el próximo curso, que provocaba la rebaja de 31 unidades de la escuela concertada, y que ha sido solicitada por dos centros afectados.
