El Plan Marshall y la guerra por ponerse la medalla

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El agotamiento del ciudadano ante cuatro procesos electorales en cuatro años es palpable a poco que se transite por los bares o las tertulias de calle. No así en los políticos, por mucho que ya no luzcan el moreno veraniego y pongan cara seria.  La consecuencia más evidente sería una alta abstención y una desmovilización del electorado, pero esto no parece preocupar a los líderes de los partidos que –sin hacer autocrítica de su gestión- volverán a encabezar las candidaturas a Presidente del Gobierno. Y, con ellos, repetirán en masa –salvo sorpresa- las huestes que los han acompañado en esta anómala situación para una democracia del Siglo XXI.

Quizá, un cambio de cromos, amenizaría el escenario político. Y, ya que han copiado del fútbol hasta la mecánica del mercado de fichajes mediáticos, podrían dar un paso adelante y renovar plantillas o entrenadores, pero, en realidad, ni los clubes de fútbol, ni los partidos pertenecen a la masa social, sino al terrateniente u oligopolio de turno.

Lo ético sería que el crédito público de un político se acabase el día que se demostrara que miente –ojo, no me refiero a cambiar de criterio en función de una situación política o económica diferente-, o que es incapaz de dialogar. Ya está bien de bucear en la hemeroteca  para dar lecciones de objetividad periodística y de eufemismos gruesos para analizar la actitud de un candidato. Lo realmente importante es el cumplimiento de su programa y eso, cada día, se analiza menos. Se da más importancia a “lo que dicen” que a “lo que hacen”. Y ese el caldo de cultivo de la degradación democrática que estamos viviendo.

Cuando un político se ve con el agua al cuello, o prevé un contexto económico adverso, la respuesta suele ser recurrir al gasto público, si se está en el Gobierno, o a las promesas de bajadas de impuestos y mejora de salarios, si se está en la oposición. Dos medidas que, en la mayoría de los casos, tienen la misma duración que la precampaña electoral, mes arriba, mes abajo. Tómese como ejemplo el Plan E de Zapatero, o la abundancia de decretos-ley no incluidos en el presupuesto de Rajoy y Sánchez, semanas, cuando no días previos a la campaña. O ya con ésta arrancada, en un ejercicio de desprecio al fair-play y la moral.

Ejemplos, encontramos a centenares, pero permítanme que focalice mi atención en uno de esos políticos de vieja escuela que, bajo su apariencia de moderación, deja las manos libres al resto de socios de gobierno para que hagan su rapiña ideológica, mientras él se guarda siempre el comodín del control económico. O, dicho de otra manera, la caja pública de dinero. Una forma de recurrir a  financiación adicional para la campaña cuando sienten necesidad –que es siempre-, sin recibir fuego amigo por ello,

Ni 48 horas pasaron desde que, tras perder las autonómicas andaluzas, y con el cadáver político de Susana Díaz empañando las aspiraciones de Ximo Puig a reeditar su cargo de molt honorable, el ya entonces President de la Generalitat desempolvase el Plan contra la Exclusión Financiera de los pequeños municipios de la Comunitat Valenciana para hacerse una ronda de visitas municipales como Mr. Marshall trayendo –de nuevo- el dinero a más de 250 poblaciones valencianas que se habían quedado sin liquidez, gracias a la reestructuración bancaria y, porque no decirlo, la jeta de muchos políticos.

No hay mejor Plan que el virtual, no está en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana y ni siquiera cuenta todavía con un proceso de licitación. Qué mejor anuncio se puede hacer. Total, si toca ponerlo en marcha, sólo son 5 millones de euros más que no tenemos de donde sacar, pero que irán en la lista de la financiación justa y a cargo de la ilusoria partida de ingresos de los presupuestos autonómicos.

La propuesta estrella del Plan contra la Exclusión Financiera de los pequeños municipios de la Comunitat Valenciana era –y es- poner un cajero en cada uno de los pueblos que carecen de una sucursal bancaria. Hasta aquí, nada que objetar. La medida es de necesidad, si se quiere mantener la actividad comercial en estas poblaciones.

Si los números del Consell y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas son exactos, la red de oficinas bancarias en la Comunitat Valenciana ha disminuido en un 48% desde 2008, una tendencia que ha hecho que en 2017 haya un 13% más de valencianos que viven en localidades en las que no hay oficina bancaria, esto es, 248 poblaciones no tienen oficinas.

Más de 95 municipios mostraron interés en disponer de un cajero en su territorio, con un coste estimado de mantenimiento y funcionamiento de 10.000 euros anuales por aparato. De esta forma, antes de arrancar el proyecto, ya se prevé una inversión anual de más de un millón de euros, en un presunto plan a cinco años. Y aún quedan otros 150 municipios por pronunciarse. Así que hagan cuentas.

Pensarán que tengo fijación con el Sr. Puig, pero no es verdad. Lo que ocurre es que Ximo reeditó gobierno de coalición con Compromís y vuelve a ser President de la Generalitat. Y, ante la imposibilidad de cumplir con el compromiso de una financiación justa con la Comunitat Valenciana, a pesar de que coincide por fin con un Gobierno Central de color rojo, nuestro molt honorable ha vuelto a las andadas. La justificación ha sido los durísimos efectos de la DANA en la provincia de Alicante y el sur de la de Valencia, coincidentes, por cierto, con un anuncio de nuevas elecciones generales.

Nuestro eminente estratega político, ha reclamado un Plan Marshall para la Comunitat Valenciana. La pregunta es a quién iba dirigido ese mensaje, porque no veo yo a Trump preocupándose por un territorio que no sea americano, ni a Ximo Puig haciendo de Pepe Isbert cantando “Os recibimos americanos con alegría,  Olé mi madre, olé mi suegra y olé mi tía”…  En realidad, es una muestra palpable de que, en tiempos de crisis política, la inacción y el recurso de repartir dinero de la caja pública es la única medida conocida por nuestra clase política.

No importa el ciudadano y, desgraciadamente, tampoco el agricultor, el ganadero, el comerciante o el industrial que lo ha perdido todo… lo que importa es a quien votarán. De quién tendrá mejor recuerdo el 10 de noviembre. Así de vil se ha convertido el llamado servicio público que ofrecen nuestros políticos. Quien consiga aparecer como salvador tiene mucho que ganar en unas previsibles elecciones. Y aquí parten con ventaja los que están en el Gobierno y pueden usar la caja pública.

Ya conocemos la respuesta a la petición del Plan Marshall, la Ministra de hacienda, Mª Jesús Montero, ha ofrecido a Ximo Puig un préstamo -adelanto del extraFLA de 250 millones de euros-… Espera, pero… esto no era posible hace 10 días, según informe de la Abogacía del Estado. Será que ahora, cuando ya no hay quien esconda que todos están de campaña electoral, por mucho que ni se hayan despedido los diputados, ahora sí, es momento de repartir dinero virtual… pero sólo a las autonomías que coincidan con el color adecuado. En todo caso, sólo es una promesa más, que no aparece en ningún presupuesto y que tampoco se ha plasmado en ningún decreto-ley.

Claro que Puig no gobierna sólo. Así que, a falta de una Ministra, todos han encontrado su protagonismo, gracias a la caja pública de los valencianos. Tenemos a Rubén Martínez Dalmau y su unidad de inspección y evaluación de daños, que depende de la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética. Traducción rápida, 130 técnicos que irán casa por casa evaluando daños y peritando, un regalo para Podem que no se esperaban Císcar y Mata en la negociación del Botánic II.

Visto el protagonismo inesperado de Dalmau, Compromís trata de no quedarse atrás. En la piel el senador Carles Mulet ha acusado de inactividad a las Confederaciones Hidrográficas, obviando la responsabilidad del Consell. Y que el acuerdo del Botànic II se abre con varias páginas sobre cambio climático y movilidad sostenible, pero nada dice las consecuencias de permitir viviendas en zonas inundables, o de las necesarias adecuaciones de infraestructuras para evitar los desbordamientos.

Esto explica porque, en la actualidad, a pesar de que 136 municipios valencianos se encuentran con riesgo de inundación, se siga edificando en zona inundable, y que sigan sin ejecutarse numerosas obras previstas del Plan Antirriadas (PGRI). Cuestiones que también son responsabilidad de un Consell que, no olvidemos, lleva 4 años gobernando, y uno con Sánchez en la Moncloa.

Y faltaba Mónica Oltra. Ella ha puesto cara al anuncio de la puesta en marcha -en un plazo máximo de 2 semanas- de su propio decreto de ayudas –que lo es también del Consell-, dando a los alcaldes 45 días para evaluar desperfectos y presentar sus informes a la Administración autonómica. Justo, justo, antes de unas previsibles elecciones.

Seguimos con los tics de la vieja política, mientras los agricultores, ganaderos y demás tendrán que recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que tuvieran alguna póliza privada. El dinero público, si llega, se hará de rogar hasta febrero o marzo, que es cuando se abrirá otra vez la caja pública estatal. Eso sí, el dinero virtual del Gobierno en funciones y sus delegaciones autonómicas llenará portadas e informativos. En resumen, declarar zona catastrófica rápidamente y que el Ejecutivo pueda agilizar el trámite de ayudas y créditos blandos… Además de habilitar recursos para licitar de urgencia las obras necesarias para reponer infraestructuras básicas, como carreteras, podría ser la mejor baza electoral del Sánchez. Pero el Presidente del Gobierno en funciones está más centrado en justificar las elecciones como un bloqueo al socialismo desde la izquierda y la derecha, que preocupado por el futuro de los afectados por la DANA. Él, ya sabe que su asiento en el Congreso seguirá estando en Navidades. Otros, no tendrán ni para comerse el turrón en sus casas.