Verdaderos equilibrios va a tener que hacer el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, si no quiere acabar como su predecesora, Carme Forcadell, procesada por graves delitos y en libertad provisional.
La presión del expresidente Puigdemont para forzar su investidura telemática o por delegación cuando los letrados del Parlament y el Gobierno español ya han advertido de su ilegalidad, es la primera prueba de fuego que tendrá que atravesar Roger Torrent, a riesgo de que se suspendan sus actos por el Tribunal Constitucional y sea encausado por el Tribunal Supremo si comete las mismas irresponsabilidades que han llevado a sus compañeros de partido a dar con sus huesos en la cárcel.
Advertido está también de que si atiende el requerimiento de visitar a Puigdemont en Bruselas, debe hacerlo sin utilizar dinero público en esta descabellada empresa, o a los delitos contra el estado se uniría el económico, como le ha recordado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, con la que se ha reunido, porque el que avisa no es traidor. El hasta ayer alcalde de la localidad de Sarrià de Ter, con cinco mil habitantes, se enfrenta a un reto para el que todavía no ha demostrado que esté preparado.
Se ha despedido de la alcaldía vanagloriándose del clima de diálogo que ha conseguido en su Ayuntamiento, pero lo cierto es que 9 de los 11 concejales son de ERC, y los otros dos de CiU y CP son afines. Poco o nada ha tenido Roger Torrent que dialogar sobre cuestiones importantes con una verdadera oposición como habría sido la formada por integrantes de Cs, PSC o PP. Y el precedente de la multa de 900 euros por colocar una bandera española que impuso durante su mandato consistorial, tampoco favorece la imagen de talante dialogante que está empeñado en dar.
Roger Torrent se la juega, y con él toda su troupe, si vuelven a retorcer el reglamento del Parlament e invisten un presidente que no esté presente en persona o admiten la delegación de voto de los huidos pese a la explícita advertencia del juez Llarena en su último auto.
Y va siendo hora de dejarse de aplazamientos en la reforma de la ley procesal que permita la inhabilitación provisional. No sólo para estos casos de rebelión y sedición, también para corruptos y pedófilos. Los tiempos avanzan que es una barbaridad y la justicia no puede permitir que a través de un dispositivo digital o por cualquier otro medio se eluda su acción. En prisión provisional, un corrupto no puede seguir operando en paraísos fiscales, un pedófilo no puede seguir compartiendo pornografía infantil y un rebelde o sedicioso no puede seguir administrando lo público.
Para todos, probablemente independentistas incluidos, lo mejor sería que nos diésemos una tregua de dos o tres años durante la cual el gobierno de Cataluña funcionase dentro de la ley y respetando los resultados electorales, aunque no favorezcan a los constitucionalistas. Un plazo temporal durante el que la fracturada sociedad catalana recupere el pulso, agotada por el procés. Mucho me temo que no va a ser así, que reincidirán en el error y no habrá otro remedio que volver a aplicar el 155, quedando abortada la legislatura casi antes de nacer.
? @InesArrimadas «No vamos a aceptar que el reglamento se vuelva a retorcer para asistir a una investidura telemática de una persona fugada de la justicia» #Parlament pic.twitter.com/87F9ktiEeP
— Ciutadans (@CiutadansCs) 19 de enero de 2018
