Nuevo episodio en el culebrón que enfrenta a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y a la concejal de Policía, Beatriz Jiménez, con algunos miembros de la Policía Local de la localidad de l’Horta.
Si hace unas semanas el Juzgado nº 2 de Torrent archivaba la querella contra las dos gobernantes municipales por prevaricación administrativa al haber anulado las oposiciones al cuerpo de seguridad local de Paiporta, esta vez los tribunales han fallado en su contra. Fueron tres opositores que habían aprobado la oposición policial los que se querellaron contra ellas por no acatar la sentencia judicial que les daba la razón, por un defecto de forma, a finales de 2016, y que siguen a la espera de su incorporación laboral.
Esta vez ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia el que ha dado la razón al sindicato de policía 
declarando nula la decisión de las ediles de Paiporta de amortizar tres puestos de policía, dos puestos de oficial y uno de inspector. Estos puestos que habían sido amortizados, es decir, que se reconvertían a segunda actividad dejando de ser policías de servicio habitual, estaban ocupados por tres miembros del tribunal de la oposición anulada.
Los hechos se remontan a 2011, cuando una oferta de empleo de dos agentes fue modificada por el entonces alcalde Vicente Ibor del Partido Popular para ampliarla a cinco vacantes, a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y la técnica del área informaron de que se estaban licitando más plazas de las permitidas. La oposición finalizó en 2015 con la adjudicación de las cinco plazas de agentes pero uno de los opositores que quedó sin plaza impugno todo el proceso, logrando que el Consell Jurídic Consultiu anulase las bases de la convocatoria.
El opositor no aprobado que instó la anulación de las cinco plazas es, presuntamente, la pareja de la concejal de Policía, Beatriz Jiménez. Tres de los cinco opositores aprobados son los que denunciaron a la alcaldesa y la concejal por prevaricación administrativa. Y los dos oficiales y el inspector cuyos puestos fueron amortizados y obligados a pasar a segunda actividad formaban parte del tribunal de la oposición, que no aprobaron a la presunta pareja de la concejal.
El conflicto todavía se enredó más por la ausencia de homenaje al agente de policía que hacía de chófer del anterior alcalde Vicente Ibor cuando se jubiló, cuando es costumbre homenajear a todos los policías locales que se jubilan, y por la sanción de 6 años sin empleo y sueldo a la que se enfrenta otro de los agentes por tomarse un café en horas de servicio.
