El pasado 9 de mayo mi Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso presentamos una Proposición de Ley de Refuerzo contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ahora, el próximo mes de septiembre, una vez pasado los trámites parlamentarios, comenzaremos a trabajar en su ponencia para mejorarla, y así, dar respuesta a las necesidades de nuestras pymes y autónomos, especialmente, que precisan respuesta urgente, dado que más de 60.000 empresas y 500.000 empleos se han perdido por culpa de la morosidad en estos últimos años.
Y es que a pesar de que algunos informes (Consultora Intrum Justitia) apuntan a una reducción, seguimos en el furgón de cola de la Unión Europea (55 días) muy lejos de Alemania con tan sólo 19 días de media y además, así lo reconoce el Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, D. Antoni Cañete, la necesidad de una regulación sancionadora y vigilante, que da cobertura la propia Proposición de Ley de Ciudadanos.
Que una de cada tres empresas en España cerrara en 2013 porque un contratista o Administración Pública no pagara a tiempo, es lamentable y reprobable la inactividad y pasividad del Gobierno en estos temas, erosionándose nuestra competitividad y rentabilidad en el mundo empresarial, especialmente en nuestras PYMEs y Autónomos.
Tanto el PP como el PSOE, se han pasado años sin buscar soluciones efectivas a esta problemática, aunque no es de extrañar, cuando en mi propia Comunidad Valenciana, lo hemos padecido con la infrafinanciación, tanto en servicios básicos, como en infraestructuras, y sin embargo, se posicionan a favor del Cupo Vasco y las desigualdades entre las CCAA … Incoherencia? Demagogia? …
En definitiva, mientras la morosidad de las grandes empresas del IBEX-35 es de 160 días de media y el 60 % de las facturas se pagan fuera de plazo (el doble que UE), nosotros, continuaremos con nuestra política útil, nuestra iniciativa legislativa que posibilitará fundamentalmente, entre otros:
1.- Arbitraje gratuito para garantizar una respuesta rápida a PYMEs y Autónomos que tengan facturas por cobrar.
2.- Más control y transparencia para garantizar que las grandes empresas y la Administración cumplan sus plazos.
3.- Un régimen sancionador efectivo a las empresas incumplidoras pasados los 60 días del máximo legal.
Y finalmente, la reducción del 100% de las sanciones a aquellas empresas que tengan facturas por cobrar por un importe superior al de las deudas por las que fueron castigadas.
En Ciudadanos la política útil es nuestra razón de ser, desde la coherencia, pues por ello estamos representando a nuestros compatriotas, nos debemos a ellos, somos servidores públicos, no lo olvidemos.
Cuando no se paga una multa, te la pasan por Hacienda,cuando no se paga una factura debería ser igual.Esa sería una buena ley, que respondieran con su propio patrimonio.